El pasado jueves 26 de mayo, se cumplieron 30 años desde que en conferencia de prensa Sergio Gaete, ministro de educación de Augusto Pinochet, anunciara la última etapa de la municipalización de la educación pública, proceso que se había iniciado en 1981.

Dicho anuncio generó una profunda reacción de indignación por parte de los estudiantes secundarios y profesores, que conscientes del objetivo subyacente –la destrucción de la educación pública–, se volcaron a las calles durante gran parte del mes de junio del 86’, en uno de los movimientos sociales de protesta más grandes que se recuerden del periodo autoritario.

A 30 años de dichos acontecimientos, el fracaso del modelo de administración municipalizada de la educación pública ha demostrado su rotundo fracaso. La matrícula de estudiantes en la educación pública ha decrecido considerablemente, pasando de un 78% en 1986, a un 40,7% en 2010, y continúa a la baja. La municipalización, que desmembró al sistema educacional chileno en más de 300 sistema educativos diferentes, ha generado gran desigualdad entre las escuelas y liceos. La mayoría de los municipios han sido incapaces de administrar de forma eficiente la educación pública, al no contar con la capacidad técnica, ni una mirada global y a largo plazo para mejorar la calidad de la educación, haciéndose cargo –en los mejores casos– solo de lo contingente.

A la municipalización debemos sumar otras políticas públicas que han contribuido a la crisis de la educación pública: (i) el financiamiento por subvenciones en virtud de la asistencia media de escuelas y liceos (DL 3476), (ii) la igualación del monto de la subvención escolar entre los establecimientos públicos y los particulares subvencionados, (iii) la drástica disminución de la inversión en educación en la década de los 80’, (iv) la liberalización de la profesión docente, y la disminución de las remuneraciones, entre otras medidas, han generado el dramático cuadro que apreciamos en la actualidad.

Tras el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación hicieron esfuerzos por atenuar el efecto de las reformas neoliberales, que rompieron con la tradición histórica del Estado Docente (construido con gran esfuerzo a partir de la independencia, con el aporte consecutivo de los gobiernos conservadores, liberales, radicales, demócrata cristiano y socialista), pero ninguna de las transformaciones fue de fondo, manteniéndose hasta nuestros días la estructura diseñada por el gobierno autoritario.

Hoy, cuando los estudiantes agrupados en la Confech y la CONES han anunciado el inicio de un nuevo proceso de movilizaciones, debemos poner la historia en perspectiva, y concentrar nuestros esfuerzos en concretar aquellas transformaciones centrales, que permitan recuperar el norte de Chile y reconstruir la educación pública.

El Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó en noviembre del año pasado un proyecto de ley (boletín 10.368-04) que diseña un nuevo modelo administrativo para la educación pública, desmunicipalizando, creando un sistema constituido por una Dirección de Educación Pública, de la que dependen servicios públicos locales de educación, cada uno con consejos locales formados por representantes estudiantiles, docentes, asistentes de la educación, de las universidades y centros de formación técnica de la región, y de las municipalidades del territorio. Dicha iniciativa, que armoniza con otras transformaciones ya realizadas (Ley 20.835, que reforma la educación parvularia; Ley 20.845, de inclusión; Ley 20.903, que crea la carrera funcionaria docente; y 20.901, que repone la educación cívica) constituye un avance histórico y estructural del sistema educacional chileno, y un triunfo histórico para el movimiento estudiantil chileno. La propuesta recoge la mayoría de los elementos planteados en el “Compendio de demandas y propuestas estudiantiles” presentado por la CONES en 2012, pero subsisten algunos puntos pendientes importantes de ser abordados: ellos son, a mi juicio: (i) si bien la ley contempla que los servicios locales gozarán de personalidad jurídica y patrimonio propio, recibiendo financiamiento a través de la ley de presupuestos del sector público, también subsiste el sistema de subvenciones por asistencia media, que favorece la competencia entre escuelas y liceos y no el trabajo colaborativo, (ii) no se ha tratado el sistema de ingreso a la educación superior (universidades, CFT, IP e Institutos Armados), existiendo un sistema administrado por el Consejo de Rectores (CRUCh), que utiliza como factores de selección la Prueba de Selección Universitaria, las notas de enseñanza media y el ranking, mientras el resto de las instituciones seleccionan por criterios diversos a sus postulantes, sin que exista una adecuada regulación estatal.

La movilización debe estar acompañada de discusión y deliberación, la que debe centrarse a mi juicio en defender e impulsar la desmunicipalización, y discutir los dos grandes puntos que quedan pendientes en materia de educación primaria y secundaria.

 

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