Hablemos de la pesca.

La actividad pesquera significó en el pasado uno de los principales rubros económicos del país, fomentada desde los años 60 con incentivos para su desarrollo y convertirla en un aporte a la economía nacional, se crea el año 1964 el Instituto de Fomento Pesquero, cuya misión es aportar las bases científicas para la explotación de los recursos del mar.

Ya en los años 1975 en adelante, con la instalación en dictadura del modelo económico de libre mercado, se propicia e incentiva el capital privado, y la concepción extractivista del modelo, configuraron para que desde el año 1975 y hasta mediados de los 90, la industria pesquera presentara su mayor auge nunca antes visto.  Los últimos 40 años las políticas pesqueras se han ido adaptando a las diferentes etapas de la actividad, es decir ha sido una acción reactiva, más que planificada, siempre privilegiando y protegiendo la inversión privada, más que la sustentabilidad o el cuidado del medio ambiente.

En 1991 nace la Ley General de Pesca y Acuicultura, que define y regula las diferentes pesquerías y los sectores extractivos artesanal e industrial, y se regula también la acuicultura. Se definen las primeras regulaciones del esfuerzo pesquero tendiente a asegurar la sustentabilidad de la actividad. Se crean medidas de regulación mediante cuotas de capturas, individuales para el caso de los industriales LMCA (límite máximo de captura por armador), y global para el caso del sector artesanal. Uno de los factores mediante el cual se asignan los Limites de Captura, o la cuota de extracción, es respecto del historial de desembarques, de esta manera las empresas que históricamente han estado en la actividad son las herederas de las cuotas, es decir de los recursos. Entraron éstas con acceso libre, sin regulación alguna, con políticas de fomento e incentivo, y eso las hizo tener derechos, se convierten de manera natural en “dueños históricos” de los recursos que son de todos los chilenos. Esta normativa, Ley 19.713 / 2001 rige hasta el año 2012.

Ese año 2012, se debe analizar y decidir en el congreso, si mantener o modificar el sistema de LMCA. Importante observar que para ese año ya las pesquerías tradicionales, en su mayoría se encuentran en estado de sobreexplotación, lo que evidencia que la institucionalidad pesquera no aportó los resultados esperados, pasando de 7 millones de toneladas desembarcadas el año 1995, el año 2015 no superó los 3 millones de toneladas, evidenciando así un completo fracaso del sistema.

El año 2012 se inicia un nuevo momento de la actividad; para nadie es desconocido como nace esta nueva regulación, cuáles fueron los vínculos de los empresarios pesqueros con el gobierno de la época, el pago de dinero por parte de los industriales a parlamentarios, para que voten a favor de seguir favoreciendo a las mismas familias que históricamente han explotado nuestro mar, pero ahora por 20 años renovables infinitamente. Nace así la nueva regulación pesquera, Ley 20.657 que sustituye el LMCA (límite máximo de captura por armador) por LTP (licencias transables de pesca), sistema que mediante licitación se asignan a las mismas 7 familias con el historial de desembarques, las pesquerías del país, siendo estas LTP transferibles y divisibles, es decir son objeto de negocio, aun cuando no haya peces, el empresario tienen una cuota asegurada que les permite transar, y vender sus derechos. Es una privatización camuflada, nacida de manera espuria, mediante el uso de coimas, la corrupción más nítida detectada los últimos años.

Tenemos aquí dos factores que deben ser motivo de análisis, por un lado, la corrupción en la política, cómo se han vinculado los negocios personales con la creación de leyes a favor de unos pocos, en desmedro del beneficio a la sociedad en su conjunto; y por otra parte se debe analizar de manera independiente, la eficiencia de las medidas de administración pesquera, que a todas luces han sido un completo y absoluto fracaso. Si el año 2012 las pesquerías en su mayoría estaban en en estado de sobreexplotación, al año 2015 el 70 % de las pesquerías emblemáticas, ahora han pasado al estado de colapso, llegando el desembarque total el año 2016 a 1.928.000 de toneladas, muy lejos de los 7 millones que se desembarcaban el año 1995. Pero esto a quien afecta….? el empresario buscará otros nichos que explotar, pues tiene capital para hacerlo, pero son siempre los trabajadores los más afectados, ya que esta disminución de los desembarques repercute en el despido de al menos un 30% del personal que labora en las industrias procesadoras, los trabajadores de flota, administrativos,  el distribuidor, y claro el sector pesquero artesanal es el más afectado con la merma de los stock; aun cuando el gobierno intenta compensar con otros beneficios, lo concreto es que al no haber recursos que explotar, la actividad se debilita y debe buscar como diversificarse, y agregar valor a las escasas capturas, porque los pescadores artesanales no emigran a otros rubros productivos, porque su vida es la pesca. Cabe, por lo tanto, de manera urgente trabajar por cambiar el actual sistema extractivista rentista, terminar con la corrupción, recuperar por parte del Estado las pesquerías y proponer medidas regulatorias que eviten el colapso de los recursos.

Dentro de estas medidas correspondería en primer lugar anular la  actual ley  nacida desde la corrupción, detener el esfuerzo pesquero, destinar las 12 millas exclusivas para la pesca artesanal, eliminar la pesca arrastre, fortalecer la actividad fiscalizadora con mayor equipamiento y con un sistema de sanciones más efectivo, como la suspensión del permiso de pesca, ya que el actual sistema de multas es feble, siendo siempre más rentable pagar una multa, que respetar la reglamentación ; y el Estado deberá hacerse cargo e indemnizar o subsidiar a la población afectada por esta mala administración que originó el colapso pesquero, y deberá desarrollar nuevos circuitos productivos para los trabajadores desplazados del sector.

Capítulo aparte merece analizar la salmonicultura, el medio ambiente, y como configurar una nueva institucionalidad que agrupe en un solo ministerio, toda la administración de las actividades que se desarrollan en el mar, que asegure mayor eficiencia y mayor beneficio a todos.

Cynthia Burgos Sanchez

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