El 2017 se verificará, 27 años después del fin de la dictadura, la primera elección plenamente democrática, sin binominal, del Parlamento. Tiene algo de esas buenas noticias que llegan demasiado tarde. Lo que debió ocurrir a inicios de la transición sucederá más de dos décadas después. A diferencia de las transiciones de los 70 y 80 que en distintos países dejaron atrás períodos autoritarios, la nuestra no desembocó como éstas en un régimen democrático pleno, sino en una democracia tutelada, neutralizadora de la soberanía popular. De manera comparada y por su desenlace nuestra transición tuvo poco de “ejemplar”.

El 2017 se observa expectante no solo porque será la primera elección sin binominal, sino porque el nuevo parlamento tendrá en sus manos la tarea de resolver el mecanismo de elaboración de la nueva Constitución Política. Debiera ser, a su vez, una elección en la que el dinero tenga menos peso, si se aplica con celo la prohibición de aportes empresariales. Es decir, en 2017 la ciudadania estará llamada a resolver algo trascendente y en condiciones democráticas inéditas.

La otra cara de este escenario es la existencia de una democracia fatigada, sumida en una profunda desconfianza entre ciudadanía y representación política. Baste mencionar la reciente encuesta del Consejo de Transparencia que arrojó un lapidario 91 % de quienes no confían que los políticos puedan solucionar los problemas del país; mientras un 84 % señaló no creer que quienes faltan a la probidad sean sancionados.

El drama está servido. Si el 2017 reverbera en el horizonte como una oportunidad política para abrir un nuevo tiempo, dicho horizonte aparece huérfano de liderazgos transformadores creíbles, sin partidos fuertes y prestigiados, y con una ciudadanía demasiado escéptica como para sumarse a alguna cruzada política.

En este cuadro no deja de sorprender el ensimismamiento de buena parte de la élite política –cuyo episodio más reciente fue el cerrado apoyo de Insulza a Longueira-, la cual se comporta como si no existiera ese 91 % de rechazo o si no fuera parte de la crisis el masivo repudio al financiamiento ilegal y el nivel de colonización del poder económico sobre el poder político que ello evidencia. Culpar de esto a los “comunicadores”, agitar los fantasmas del 73, o proponer suspender el juicio político y ético ante situaciones flagrantes, supeditándolo a si alguien zafa o no judicialmente, constituyen respuestas que no están intelectual y moralmente a la altura de la magnitud de la crisis, que horadan aún más la confianza, e intenta revivir de manera a-histórica una gobernabilidad elitista en tiempos más ciudadanos y plebeyos.

¿Es posible aún contraponer al proceso de descomposición de este sistema político oligarquizado una alternativa de regeneración política y dar, así, una salida democrática avanzada a la coyuntura de 2017? Los siguientes meses serán decisivos para observar la viabilidad de la conformación de liderazgos y opciones políticas en esa dirección. El pronóstico por ahora es reservado.

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